EL MINISTERIO DEL INTERIOR DEBE ACTUAR DE OFICIO ANTE SOSPECHAS DE VINCULACIÓN POLICIAL CON DELITOS.

EDITORIAL:

La seguridad ciudadana, la libertad de expresión y el trabajo de la prensa no pueden sostenerse sobre la base de la desconfianza ni del silencio. Cuando surgen indicios de que miembros de las fuerzas policiales podrían estar vinculados con actividades ilícitas, como el narcotráfico, el microtráfico o cualquier otro hecho delictivo, la obligación del Ministerio del Interior es clara: intervenir de oficio.

No se trata solo de investigar un hecho aislado; se trata de preservar la credibilidad y legitimidad de la institución policial, pilares fundamentales para que la ciudadanía confíe en quienes tienen la responsabilidad de protegerla. Ignorar incluso la mínima sospecha no solo genera impunidad, sino que erosiona la confianza de la población y abre la puerta a la corrupción y al abuso de poder.

La intervención oportuna, transparente y rigurosa del Ministerio es indispensable para demostrar que nadie está por encima de la ley, que la policía no es intocable y que la lucha contra el crimen debe ser pareja para todos, incluso dentro de la propia institución.

La sociedad paraguaya exige acciones concretas y preventivas, no excusas ni demoras. Cada día de inacción frente a sospechas graves es una oportunidad para que el crimen se infiltre donde menos debería. Es hora de que el Estado actúe con firmeza y determinación, enviando un mensaje claro: la justicia y la transparencia no tienen excepciones, ni siquiera para quienes portan uniforme policial.

Además, el Estado tiene la responsabilidad de proteger a los periodistas que investigan y exponen públicamente estos hechos, porque su labor es esencial para mantener a la sociedad informada y vigilante frente a cualquier irregularidad. La defensa de la prensa independiente es, en última instancia, la defensa de la democracia y del Estado de derecho.