YA ESTÁ VIGENTE LA LEY 7614 CONTRA LA “MAFIA DE LOS PAGARÉS”

La norma fue promulgada por el presidente de la República y busca frenar cobros irregulares, embargos injustos y violaciones al debido proceso en juicios ejecutivos.

Entró oficialmente en vigencia la Ley N.º 7614/2025, promulgada por el presidente de la República, Santiago Peña, una normativa largamente esperada por cientos de personas afectadas por juicios irregulares vinculados a la denominada “mafia de los pagarés”. La ley establece mecanismos de saneamiento y corrección de procesos judiciales ejecutivos, acciones preparatorias y cobros de guaraníes tramitados en violación de garantías constitucionales.

La nueva disposición legal apunta directamente a prácticas abusivas detectadas en expedientes judiciales, donde numerosos demandados fueron sometidos a embargos y descuentos salariales sin haber sido notificados de manera adecuada ni haber tenido la oportunidad real de ejercer su defensa.

DEBER DE ACTUACIÓN DE OFICIO.

Uno de los ejes centrales de la Ley 7614 es la obligación de los jueces de actuar de oficio, es decir, sin necesidad de que la parte afectada lo solicite. En los casos en que un expediente no aparezca o haya sido extraviado, el magistrado deberá suspender inmediatamente el proceso judicial, levantar los embargos y todas las medidas cautelares vigentes, y ordenar la reconstitución del expediente si este no es localizado en un plazo máximo de diez días.

Estas disposiciones buscan restablecer principios básicos del sistema judicial, como el derecho a la defensa, el debido proceso y el derecho de propiedad, que habrían sido vulnerados de forma sistemática en numerosos casos.

¿A QUIÉNES ALCANZA LA LEY?

La normativa beneficia principalmente a personas afectadas por juicios vinculados a la “mafia de los pagarés”, demandados que nunca fueron notificados correctamente y trabajadores que sufren descuentos salariales o embargos considerados injustos. También abarca causas investigadas por la Comisión Especial del Congreso Nacional, que analizó el funcionamiento de estas redes de cobro irregular.

Desde el Poder Ejecutivo y el ámbito legislativo se insiste en un principio clave: nadie puede perder su patrimonio sin haber tenido la posibilidad efectiva de defenderse en un juicio justo. En ese sentido, la ley permite que los procesos cuestionados sean suspendidos y revisados a la luz de las nuevas disposiciones.

UN DEBATE AÚN PENDIENTE.

Si bien la Ley 7614 representa un avance significativo para las víctimas, el debate público sigue abierto. Diversos sectores de la sociedad civil se preguntan cuándo se impulsará una normativa que sancione penal y disciplinariamente a los abogados inescrupulosos que, amparados en su condición profesional, promovieron acciones judiciales injustas, así como a los funcionarios judiciales que permitieron estas prácticas por complacencia o complicidad.

La vigencia de esta ley marca un punto de inflexión, pero también deja en evidencia la necesidad de reformas más profundas para garantizar transparencia, responsabilidad y justicia plena dentro del sistema judicial paraguayo.