EL GOBIERNO DE MILEI QUIERE RESPONSABILIDAD PENAL DESDE LOS 13 AÑOS

Argentina emitió un contundente posicionamiento contra la reforma del régimen penal juvenil, ante la decisión del gobierno de Javier Milei, formalizada, de enviar al Congreso un proyecto de ley para reducir la edad de imputabilidad penal a 13 años.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia subraya que, en lugar de reducir la edad de imputabilidad, Argentina debe elaborar una ley conforme a estándares internacionales, con un enfoque especializado y restaurativo, que proteja el debido proceso y tenga en cuenta el desarrollo neurológico de niñas, niños y adolescentes.

UNICEF recuerda que la evidencia científica indica que, entre los 12 y los 13 años, la corteza frontal aún está en desarrollo, lo que cuestiona la madurez necesaria para comprender plenamente las consecuencias de un proceso penal regular. Por eso insta a los Estados a no rebajar la edad mínima de responsabilidad penal y, como mínimo, mantenerla en 14 años o más, en línea con las normas internacionales de derechos humanos.

Este pronunciamiento se produjo el mismo día en que el Gobierno de Javier Milei formalizó ante el Congreso un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, una medida que reavivó un fuerte debate político y social.

La iniciativa, que ya generó polémica dentro del oficialismo y entre legisladores, busca que los adolescentes a partir de los 13 años puedan ser procesados penalmente, en contraste con la legislación vigente, que fija la edad en 16 años.

El proyecto ya está en manos de las comisiones legislativas y se espera su tratamiento en el pleno del Congreso esta semana, en medio de un clima polarizado donde defensores de la baja de imputabilidad argumentan que «la gravedad de algunos delitos exige respuesta», mientras que organizaciones de derechos humanos y especialistas alertan sobre las consecuencias negativas de criminalizar tempranamente a la juventud.

UNICEF enfatiza que una política penal eficaz debería privilegiar la prevención, la reinserción y el apoyo social, y evitar la privación de la libertad siempre que sea posible, dado su impacto adverso en la reinserción comunitaria de los adolescentes.AnsaLatina.

FUENTE: AGENCIA IP