CORTE AUTORIZA USO DE IA CON EXPRESA PROHIBICIÓN DE DELEGAR LA TOMA DE DECISIONES.

La Corte Suprema de Justicia aprobó una nueva política institucional que habilita el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) dentro del sistema judicial, estableciendo estrictos lineamientos para garantizar un uso responsable y bajo permanente supervisión humana.

La medida se enmarca en el Plan Estratégico Institucional 2026-2030, que contempla como uno de sus ejes principales la modernización y optimización del servicio de justicia mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

La normativa, compuesta por 20 artículos, define los alcances, condiciones y límites para la implementación de sistemas de IA en el ámbito judicial. Entre los puntos más destacados, se establece de manera expresa la prohibición de delegar en estas herramientas la toma de decisiones, tanto en resoluciones judiciales como administrativas.

En ese sentido, el artículo 6 subraya que el uso de inteligencia artificial no sustituye el rol de magistrados ni funcionarios, quienes deberán mantener un control efectivo en todos los procesos donde se utilicen estas tecnologías. Asimismo, se recalca que la IA no reemplaza el análisis jurídico independiente, la aplicación de la legislación vigente ni la valoración de las pruebas.

La política también detalla los usos permitidos de la IA, siempre bajo revisión, verificación y contraste con fuentes confiables. Entre ellos, se incluyen el apoyo a la investigación jurídica, el análisis de precedentes, la organización de información, la elaboración de borradores de documentos, la generación de resúmenes, traducciones, y el diseño de presentaciones.

Además, estas herramientas podrán ser utilizadas para detectar patrones en grandes volúmenes de datos jurídicos, facilitar tareas administrativas y contribuir a la simplificación de textos legales para hacerlos más accesibles a la ciudadanía.

Con esta iniciativa, la Corte busca incorporar la innovación tecnológica al sistema judicial sin perder de vista la responsabilidad humana en la toma de decisiones, garantizando así mayor eficiencia sin comprometer la integridad del proceso judicial.