SOLICITAN AL MINISTERIO PÚBLICO QUE INVESTIGUE A LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA TRAS PRESUNTA TRAGADA DE DINERO

Ante indicios de posibles hechos de corrupción detectados mediante una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) en la Gobernación de Itapúa, concejales piden intervención del ministerio público.

Las presuntas irregularidades afectan uso de dinero de Royaltíes y Fonacide.

En la sesión ordinaria de los lunes de la Junta Departamental de Itapúa tuvo entrada un pedido de los concejales departamentales Mirta González y Carlos Pereira, ambos del PLRA, para que el caso sea denunciado ante el Ministerio Público.

Las presuntas irregularidades fueron detectadas mediante un exámen de auditoría a la ejecución presupuestaria correspondiente al período comprendido entre el primer cuatrimestre del año 2019 hasta el segundo cuatrimestre del año 2020.

En dicho período se ejecutaron obras públicas por un monto de G. 5.973.478.979, con recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), y Royalties. El examen de auditoría detectó irregularides tanto en los precios pagados por las obras, como en pagos por obras no ejecutadas.

Entre algunos de los puntos analizados por la Contraloría y citados en la minuta presentada ante la JDI se menciona la Licitación Pública 08/2018, para refacciones de escuelas y construcción de aulas, comedores, baños diferencias y polideportivos.

En la muestra analizada se menciona un contrato por un monto de G.529.890.865, contrato con la empresa Proyect Ingeniería SRL, ID 353.343, con fecha de contrato 20-12-2018, en el cual se observa una diferencia de G. 47.067.846 entre obras ejecutadas y certificaciones pagadas. Otra observación al mismo contrato es el incumplimieno de planos y espeficaciones técnicas en la ejecución de la obra.

Otras irregularidades observadas por Contraloría refieren a la construcción de un polideportivo en la ciudad de Fram, donde se pagaron por certificaciones de obras no realizadas, y la construcción del área de Traumatología del Hospital Regional de Encarnación HRE), contrato 52/2018, donde se detectó una diferencia de poco más de G. 387 millones. También en el contrato 27/2019, de ampliación del bloque de Traumatología y Hemodiálisis en el mismo HRE, se encontró una diferencia entre lo ejecutado y lo pagado de más de G. 38 millones.

En base a este informe los concejales departamentales Carlos Pereira y Mirta González presentaron un pedido de tratamiento sobre tablas para que la Junta Departamental asuma una denuncia ante el Mnisterio Público contra personas innominadas.

El concejal departamental, Pedro Heleman (ANR HC), en cambio, pidió que la minuta sea girada a la comisión de legislación para su tratamiento. Sometido a votación ambas mociones, se impuso una mayoría de 10 votos por derivar a Comisión, contra nueve que votaron por la aprobación sobre tablas, y una abstención, la del concejal Silvio Piris (ANR-Añetete).

Cómo votaron:
Pedimos que el tema sea tratado sobre tablas y presentar inmediatamente la denuncia ante la fiscalía, para deslindar responsabilidades en el uso del dinero público, señaló el concejal Pereira.

Sin embargo, una mayoría propia colorada de 10 votos, contra 9 de la oposición, decidió derivar el pedido para su estudio en comisión, que se reunirá mañana (martes).

Votaron por que pase a comisión los concejales Luisa Salapata (presidente interino de la Junta), Marcelino Galeano, Carlos Acosta, Christian Brunaga, Christian Ríos, Jorge Dávalos, Pedro Hellemans, Juan José Aranda, Bladimiro Lopatiuk y Lilian Martínez, todos de la ANR.

Por la aprobación sobre tablas de la propuesta de denuncia votaron Aldo López, Nilo Rodas, Nelson Álvarez, Celso Giménez, Julia Rossi, Carlos Pereira, Mirta González y Diosnel Carisimo, todos del PLRA, y Roberto Ferreiro (PRF). El concejal Silvio Piris (ANR Añetete), se abstuvo de votar.

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