CIUDAD DEL ESTE: IMPUTAN A DOCENTE POR OMISIÓN DE PROTOCOLOS ANTE DENUNCIA DE BULLYING.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, presentó un acta de imputación en el marco de una causa por “Violación del deber de cuidado o educación”.
La imputada es Susana Noemí Chaparro Benítez, docente y asesora pedagógica, investigada por una presunta omisión de acciones de protección dentro del ámbito escolar ante reportes de acoso entre estudiantes.
Según el documento fiscal, el caso se centra en hechos ocurridos durante el año lectivo 2023 en el Centro Educacional Sagrados Corazones (SSCC), ubicado en Presidente Franco, donde la docente se desempeñaba como asesora del 7º grado, sección “A”.
QUÉ SOSTIENE LA FISCALÍA.
La representación fiscal sostiene, de manera preliminar, que la imputada habría tenido conocimiento directo de situaciones de acoso escolar que afectaban a un alumno menor de edad y que, pese a ello, no habría activado en tiempo y forma los mecanismos de intervención previstos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para la protección del estudiante.
En el escrito se menciona que la docente, además de su rol educativo, tenía una obligación legal de cuidado y protección, y que habría omitido pasos considerados clave para detectar, comunicar y frenar hechos de violencia o hostigamiento escolar. Entre ellos, la aplicación de medidas urgentes y la notificación a las instancias correspondientes.
El Ministerio Público señala que estas omisiones se analizan en el marco de la normativa vigente y de los protocolos educativos para casos de violencia escolar, y que el expediente busca determinar responsabilidades por falta de intervención.
EL MENOR Y EL CONTEXTO INVESTIGADO.
De acuerdo con el relato incorporado al expediente, el alumno un adolescente de 13 años habría atravesado situaciones persistentes de bullying por parte de compañeros dentro del entorno escolar.
Según los elementos reunidos por la Fiscalía y los resultados de una autopsia psicológica, el menor se quitó la vida en la ciudad de Presidente Franco, hecho que dio origen a la investigación penal sobre el actuar de los responsables del cuidado educativo.
La hipótesis fiscal sostiene que la falta de activación del protocolo del MEC, sumada a la ausencia de medidas de protección, contención y comunicación institucional, habría dejado al estudiante sin la asistencia necesaria frente a un cuadro de hostigamiento reiterado.
El documento también menciona diversas diligencias y evaluaciones incorporadas a la carpeta investigativa, incluyendo informes técnicos vinculados a la situación del menor y al contexto escolar.
“ELEMENTOS DE SOSPECHA” CITADOS EN LA CAUSA.
Entre los puntos señalados como sustento de la imputación se mencionan:
Denuncias y entrevistas a los denunciantes
Actas y procedimientos fiscales
Informes remitidos por la institución educativa
Comunicaciones de instancias educativas del departamento
Una evaluación técnica incorporada al proceso
MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS.
En paralelo a la imputación, la fiscal Vivian Coronel solicitó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal para asegurar la sujeción de la imputada al proceso.
Entre las condiciones planteadas se encuentran:
Fijación de domicilio
Comparecencias periódicas ante el juzgado
Prohibición de salir del país o del área territorial que determine el juez
Prohibición de comunicarse o acercarse a familiares del menor
Otras reglas que el juzgado considere necesarias, bajo apercibimiento de revocación en caso de incumplimiento
PLAZO PARA EL REQUERIMIENTO CONCLUSIVO.
Finalmente, el Ministerio Público solicitó un plazo de cuatro meses para presentar el requerimiento conclusivo dentro de la investigación.
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