PERITAJE DE CELULARES POR AMENAZAS A PERIODISTA SE REALIZARÁ EN ASUNCIÓN.

Pedro Juan Caballero,Amambay.

El juez Álvaro Rojas Almirón confirmó que la extracción de datos de los teléfonos incautados en el marco de la investigación por amenazas al periodista Aníbal Gómez Caballero se llevará a cabo en Asunción, con el objetivo de avanzar en la identificación de los responsables del hecho.

La causa, que se originó tras denuncias de amenazas de muerte en la ciudad de Pedro Juan Caballero, había registrado reiteradas suspensiones en su etapa técnica. Ante esta situación, el magistrado resolvió trasladarse a la capital del país para tomar juramento a los peritos de la Policía Nacional y del Laboratorio Forense, quienes estarán a cargo del análisis de las evidencias.

El procedimiento incluirá la pericia de dos teléfonos celulares y dos dispositivos de almacenamiento incautados durante un allanamiento realizado a Saúl Humberto Ruiz Gauto, imputado por el Ministerio Público por el supuesto hecho de coacción grave tras las amenazas dirigidas al comunicador.

En su resolución, el Juzgado estableció un plazo de dos meses para la entrega del informe final, rechazando el pedido inicial de cinco meses solicitado por los peritos. De esta manera, el Ministerio Público deberá presentar los resultados de la extracción de datos hacia finales de mayo, en un informe considerado clave para el avance de la investigación.

La decisión de realizar el peritaje en Asunción responde a la necesidad de evitar nuevas dilaciones y garantizar el trabajo de unidades especializadas, como antisecuestro y antiextorsión. Se espera que el análisis de los dispositivos electrónicos permita no solo determinar la autoría material de las amenazas, sino también posibles vínculos con otros hechos similares denunciados en la zona.

Por su parte, el periodista afectado había cuestionado las postergaciones anteriores, calificándolas como una “burla” y señalando presuntas irregularidades administrativas que habrían favorecido al procesado. Con el inicio del peritaje y la apertura de las evidencias, las autoridades buscan esclarecer un caso que pone en debate la seguridad de los trabajadores de prensa y la libertad de expresión en el norte del país.