PROMESAS DE DONACIÓN DE SALARIO EN CAMPAÑA: ENTRE EL IMPACTO POLÍTICO Y LOS LÍMITES DE LA LEY
Obligado-Itapúa.
En el marco del actual escenario electoral, resurgen propuestas de candidatos que aseguran que, en caso de ser electos, donarán su salario como concejales municipales. Sin embargo, detrás de este tipo de promesas, que suelen generar impacto en la ciudadanía, existe un debate legal que pone en duda su viabilidad dentro del marco normativo paraguayo.
El análisis jurídico revela que este tipo de planteamientos se enfrenta a una restricción clave: la prohibición de la doble remuneración en el sector público. La Constitución Nacional, en su artículo 105, así como la Ley N.º 1626/00 de la Función Pública, establecen de forma clara que ninguna persona puede percibir más de un salario o remuneración del Estado.
En este contexto, surge un dilema. Si un profesional de la salud, por ejemplo, que ya percibe un salario del Ministerio de Salud Pública o del Instituto de Previsión Social (IPS), accede a una banca de concejal y decide cobrar la dieta correspondiente para luego donarla, estaría incurriendo en una irregularidad desde el momento mismo en que percibe ese ingreso adicional del Estado.
Por otro lado, si opta por ejercer el cargo de concejal “ad honorem”, es decir, sin percibir remuneración, la promesa de donación pierde sustento, ya que no existiría ingreso alguno proveniente de la función legislativa municipal que pueda ser destinado a terceros.
Especialistas coinciden en que este tipo de propuestas, si bien buscan generar cercanía con el electorado, carecen en muchos casos de un respaldo técnico sólido. En la práctica, las alternativas legales son limitadas: renunciar al salario del cargo original, renunciar a la dieta como concejal o, en el peor de los casos, exponerse a eventuales denuncias por cobro indebido de honorarios.
Cabe destacar que la única vía plenamente legal para realizar donaciones sería a partir de ingresos personales que no contravengan la normativa vigente. Es decir, un funcionario podría donar parte de su salario principal, pero no así percibir fondos públicos adicionales en contravención de la ley para luego transferirlos.
En este escenario, la ciudadanía enfrenta el desafío de analizar con mayor profundidad las propuestas de campaña, diferenciando entre los mensajes de alto impacto y las posibilidades reales dentro del marco legal. La transparencia y el cumplimiento de la ley se posicionan, así, como elementos centrales en la evaluación de quienes aspiran a ocupar cargos públicos.
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